- Tucumán:Una cooperación transparente

Tucumán:
Una cooperación transparente 
 
El gobierno tendría que realizar auditorías generalizadas en todas las escuelas de la provincia, para chequear el funcionamiento de las cooperadoras escolares.
Casos testigo y ejemplos a seguir.
Si tomamos un diccionario al azar y buscamos la palabra "cooperar", averiguaremos que dice: "Obrar conjuntamente, con otra u otras personas, para un mismo fin". Si insistimos en nuestra búsqueda de conocimiento, descubriremos que "cooperación" significa "participación a una obra común". Pero a esta altura de la introducción de esta columna, uno se pregunta a dónde vamos con esto. Simplemente vamos a embarcarnos en un tema preocupante: el funcionamiento de las cooperadoras escolares en Tucumán que, al parecer, no es del todo correcto o encuadrado en las normativas vigentes.
Tucumán ha pasado a la consideración pública por la desnutrición y por la prostitución infantil, que ha multiplicado los peores males que nos acosan en esa cajita mágica que es la televisión. Barbarita Flores lloró hace un tiempo ante las cámaras, a consecuencia del hambre. La pregunta es la siguiente: ¿Qué hace un niño o un joven que no puede estudiar por no poder pagar la matrícula? La respuesta parece obvia: que se inscriba en una escuela pública, en donde la educación es gratuita. Lo curioso es que, en todo momento, estuvimos hablando de establecimientos de educación pública, porque resulta que el cobro de matrícula se ha constituido en una costumbre, no porque sea sana sino porque ha sido constante.
A comienzos del año pasado, para citar un caso testigo, un padre de dos alumnas del Colegio Nacional Bartolomé Mitre, Daniel Sergio Chancalay, no podía inscribirlas porque no tenía el dinero para pagar la matrícula, que ascendía a 100 pesos y ni siquiera los 20 pesos por alumno que se exigía.
Daniel era uno de los tantos tucumanos afectados por el desempleo. Sus argumentos no eran escuchados, por lo que recurrió a la Comisión Provincial de Padres de Alumnos. Asesorado por ellos, concurrió a inscribir a sus hijas acompañado por un escribano público. Allí comenzó una importante lucha de la mencionada comisión, que recurrió a su vez al entonces Defensor del Pueblo, para que mediara en el conflicto. El resultado fue la realización de dos auditorías que pusieron al descubierto la inexistencia de una asociación cooperadora.
Un colegio como ése, al que podría denominarse "un elefante blanco de la educación", se podía permitir el lujo de cobrar esa suma en concepto de inscripción y otorgarle un carácter "obligatorio", debido al interés de muchos padres porque sus hijos estudien en una escuela respetable y tradicional.
La consecuencia de estas acciones fue la conformación y puesta en funcionamiento de la cooperadora.
Pero esta situación no es patrimonio sólo de ese colegio, sino de muchas escuelas de la provincia, de primera, segunda y hasta de tercera categoría.
Los montos de dinero que se recauda y no se rinden difieren, según la importancia de la escuela, pero el destino para el que son recaudados debería ser el mismo: el bien común de los alumnos de cada establecimiento. Muchas de esas escuelas ni siquiera tienen cooperadora y son manejadas por personal administrativo que responde a las órdenes del director de turno.
¿A quién rinden cuenta estos funcionarios educativos? ¿Quién es el responsable de controlarlos? ¿Pueden condicionar la inscripción al pago de una matrícula antojadiza?
Al parecer, en muchos lugares de la provincia eso sucede y es común. Sería saludable, que se profundice en estas latitudes el ejemplo nacional de la gestión del presidente Kirchner, que ha puesto la transparencia en el manejo de recursos como una meta.