Por fraude, el Banco Nación debe pagar más de $80 mil a una Cooperadora

FALLO DE LA CAMARA EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINAS Nº 2
En diciembre de 2001, el dinero que la ex escuela normal "Doctor Juan Llerena" tenía depositado en una caja de ahorro desapareció. Una investigación probó que se hicieron extracciones con dos firmas falsificadas.

La falsificación de un sello y dos firmas bastaron para vaciar la caja de ahorro que la asociación cooperadora de la ex escuela normal "Doctor Juan Llerena" tenía en el Banco Nación. Luego de seis años de litigar en la Justicia, un fallo de la Cámara en lo Civil, Comercial, Laboral y Minas Nº 2 de Villa Mercedes obliga al banco a reparar con más de $80 mil los daños y perjuicios que le ocasionó a la cooperadora.

La sentencia judicial firmada por los camaristas José Ramón Peñaloza, Raúl Alberto Funes y Rafael Plaza Posada establece que el Banco Nación debe pagarle a la cooperadora $22.310,70 más $45.590 en concepto de indemnización. Ambas cifras deberán ser abonadas con el ajuste del índice de precios al consumidor nivel general que publica el INDEC más el 6% anual desde el 2002. Además, la institución deberá hacerse cargo de las costas y honorarios profesionales.

En diciembre de 2001, Stella Maris de Del Bosco y María Luisa Sorú decidieron adelantar las obras de refacción del edifico y la compra de dos computadoras, una impresora y dos fotocopiadoras. Para afrontar los gastos, el 18 de ese mes fueron a la sucursal villamercedina del Banco Nación para hacer una extracción de la caja de ahorro. Recibieron la respuesta del empleado como un cachetazo: un rápido chequeo de la cuenta les reveló que ya no tenían dinero.

Les informaron que en un lapso de 25 días -desde el 21 de setiembre hasta el 16 de octubre de 2001-, la cooperadora había efectuado cuatro extracciones cuyo monto total era de $17.150.

Además les mostraron los comprobantes de las operaciones. Ahí la maniobra fraudulenta saltó a la luz: las firmas de Del Bosco y Sorú no coincidían con las registradas en el banco y el sello estampado tenía grabado el nuevo nombre de la escuela, Centro Educativo Nº 9, que nunca se utilizó para las actividades de la cooperadora.

"Además nosotras manejábamos la cuenta con un código de seguridad de cinco dígitos y una barra y en las boletas figuraba un código de más de 20 dígitos que sólo pueden conocer los empleados del banco", dijo Del Bosco.
"Se supo de inmediato que el banco había retirado el dinero de la caja de ahorro, claro que se trató de algunos empleados y no de todos", afirmó Gustavo Quiroga, apoderado legal de la cooperadora.

El 7 de enero de 2002, la sospecha de Quiroga se confirmó. Una pericia caligráfica dispuesta por el Banco Nación y firmada por los peritos Luis Ernesto Blanc y Hernán López Peña reveló: "En un breve lapso y a simple vista, cada una de las rúbricas en cuestión y cotejada con sus respectivos registros de firma, estoy en condiciones de afirmar que estas resultan visiblemente manifiestas".

A pesar de la comprobación del fraude, el ex gerente del banco, Ezequiel Ball, se negó a recibir a los miembros de la cooperadora y a develar lo sucedido con el contenido de la caja de ahorro.

Finalmente y a través de una carta- documento del 5 de marzo de 2002, el Banco Nación puso nuevamente a disposición de la cooperadora el dinero sustraído. Claro que en el medio la paridad cambiaria entre el peso y el dólar había caído, por lo que el poder adquisitivo de los $17.150 era sólo un recuerdo.

El 9 de marzo, la cooperadora respondió con otra carta-documento. Rechazaba la devolución del dinero "sin el mismo poder de compra o poder adquisitivo que poseía al momento de ser sustraído" y reclamaba "que el Banco de la Nación Argentina hiciera público mediante el uso de los medios masivos de comunicación, el nombre o nombres de los responsables, manifestando a su vez, también en forma pública, que la Asociación como los miembros de la comisión directiva no tenían participación alguna en los hechos ni responsabilidad sobre éstos".

A puertas cerradas

La caja de ahorro de la Asociación Cooperadora "Doctor Juan Llerena" en el Banco Nación permaneció abierta por más de 15 años. Las extracciones se hacían generalmente en los meses de febrero y marzo, antes del comienzo del ciclo lectivo. Según las damnificadas, al hacer una operación en una época del año inusual, saltó el desmanejo que algunos empleados del banco hacían con el dinero guardado. "Al margen de eso, nosotras nos sentimos agraviadas. Mucha gente desconfió de nosotras, pero otras, como Ana María Palacios, quien era directora en ese momento, nos respaldó", dijo Sorú.

Al rechazar el dinero y exigir la restitución del valor adquisitivo originario, el banco interpuso una demanda por consignación. "Es un recurso que se utiliza para desligarse de una responsabilidad, nos demandaron por no aceptar el dinero", explicó Quiroga.

Con el asesoramiento del abogado Raúl Bertres, Quiroga logró que Roxana Pérez, jueza de primera instancia le diera la razón a la cooperadora, aunque de manera parcial.
En la contestación de demanda por interposición de consignación, Quiroga explicitó que "el procedimiento sumario aplicado para la consignación es idóneo para tramitar el daño y el perjuicio en consecuencia, al tener los mismos trámites y derivar este pedido de reconvención de una consignación insuficiente es que se solicita a V.E. se haga lugar al procedimiento de daños y perjuicios, respetando así el principio de economía procesal".

Y más abajo agrega: "Asimismo también demostramos y va a ser objeto de prueba que en el Banco Nación fallaron los controles que deben asegurar el movimiento de dinero de los clientes, derivando de ello también la responsabilidad indemnizatoria de esa institución (É) El banco devenido en depositario de una cantidad de dinero cuya obligación era tenerla a disposición de los titulares y cuando ellos así lo exigieron no cumplieron con dicha carga".

El 6 de marzo, la Cámara revocó el fallo de primera instancia en cuanto a la consignación por considerarla "insuficiente" y confirmó el fallo por indemnización por daños y perjuicios. Gabriel Eggel, abogado de la sucursal del Banco Nación le dijo a El Diario de la República que la situación "se esta analizando con la parte gerencial".

Mientras, el actual presidente de la Asociación Cooperadora, Raúl Peralta espera que los padres del Centro Educativo Nº 9 vuelvan a confiar. "Con toda esta situación, dejaron de colaborar. Ojalá que esa situación se revierta, tenemos mucho por hacer", dijo.