Buenos Aires

Otro lugar para las cooperadoras

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Se presentó el proyecto de Reglamento General de las Instituciones Educativas que -una vez refrendado por el Gobernador- regulará el funcionamiento de todas las escuelas bonaerenses, en sus distintos niveles y modalidades, y reemplazará a la normativa vigente que data de 1958.
Alcanza, al contrario de la actual, tanto a los establecimientos públicos como privados. Incorpora la figura de "equipos de conducción" en lugar del esquema "verticalista" actual -definieron las autoridades-, a la vez que le otorga estatus de "sujetos sociales" de los centros a los auxiliares, padres, ex alumnos y cooperadoras. Estos, junto a directivos, docentes y alumnos, conformarán una comunidad escolar "democrática" que podrá decidir cómo recuperar días de clase perdidos, elaborar planes de seguridad para la escuela y normas disciplinarias.
El proyecto le fue entregado al director de Educación provincial, Mario Oporto, por el vicepresidente 1° del Consejo General de Cultura y Educación, Daniel Lauría, en un acto del que participaron, además de las autoridades de aquella cartera, los gremios docentes y los que nuclean a los auxiliares.
"El reglamento regula absolutamente todo lo que pasa en la escuela", indicó Lauría en diálogo con este diario, para destacar: "La democratización de la institución recorre todo el texto, que implica un corte con la filosofía verticalista de la norma del '58. En ese sentido, si bien se definen roles, se incorpora la figura del equipo de conducción, donde sus integrantes (director, vice, secretario) son corresponsables. Además, todas las decisiones importantes para el colegio deben ser tomadas en conjunto con la comunidad educativa".
En tal sentido, el funcionario resaltó que "ahora se reconoce como sujetos sociales de esa comunidad (además de directivos, docentes y alumnos) a los auxiliares, los padres, los ex alumnos, las cooperadoras, consejos de escuelas y otras organizaciones comunitarias".

La comunidad

Así conformadas, las comunidades escolares ahora tendrán potestad para tomar decisiones sobre lo que Daniel Lauría definió como "tres planes fundamentales" que plantea el proyecto. En ese marco, ni eventuales paros u otros motivos impedirán que se cumpla con los días y horas de clase pautados para un ciclo lectivo. "Se incorpora el Plan de Continuidad Pedagógica -dijo-. Por ejemplo, si por cualquier causa no se cumplen esos objetivos, toda la comunidad definirá de qué modo se lograrán recuperar los contenidos y aprendizajes", señaló.
Otro plan es el que tiene que ver con los denominados Acuerdos de Convivencia que ya funcionan en la mayoría de los colegios y sustituyen a los antiguos regímenes de disciplina. A partir de ahora, no obstante, estas instancias se institucionalizan y se generalizan.
Como "novedoso" definió Lauría al tercer plan, llamado de previsión de riesgo. Y explicó: "apunta a la seguridad en la escuela, y deberá elaborarse en función de la situación y población específica de cada establecimiento. Si, por caso, hay problemas de robos o agresiones a los chicos a la salida, la comunidad toda decidirá los pasos a seguir".
"Este reglamento modifica el concepto de educación en términos de derechos. Se la considera un bien social y no individual. Aparte, el proyecto institucional debe estar atravesado por las nuevas leyes de protección de derechos de Niños y Adolescentes", añadió.
Con un total de 303 artículos, el proyecto está actualizado en base a las nuevas leyes de Educación Nacional y Provincial, y es el primero en el país adaptado a esas normas. De esta manera se impondrá un nuevo sistema en las escuelas bonaerenses que permite un mayor espíritu democrático.

Un marco normativo más democrático


Tras recibir el proyecto de Reglamento General de las Instituciones Educativas bonaerenses -que reemplazará al Reglamento General de Escuelas de 1958-, el director de Educación de la Provincia, Mario Oporto, afirmó que "un modelo de educación igualitario se defiende ampliando las bases democráticas en que se sustenta".
"Esta normativa es un punto de partida, un mensaje político de una educación que queremos democrática, participativa y respetuosa del trabajo de los docentes, de los auxiliares, de los alumnos", dijo el titular de la cartera educativa provincial, al tiempo que enfatizó: "Es necesario institucionalizar los cambios y generar el marco normativo que dé cuenta de la nueva realidad".
Oporto opinó que "la propuesta hace a la protección de la escuela, de la niñez, de la adolescencia, de los adultos que concurren a la escuela y de los profesionales que trabajan en ella", y remarcó que "el reglamento es el camino ineludible, porque no creemos que cercenando derechos o negando participaciones va a mejorar la escuela".
El responsable de Educación hizo hincapié en el hecho de que el proyecto "cuente con el consenso de todos los actores" del sector. "El concepto de acuerdo en la sociedad de masas está basado en la representación, y al trabajar con los gremios trabajamos con el conjunto de los trabajadores, tanto de la educación como del Estado, en el área educativa", sostuvo.
Durante el encuentro, que se desarrolló en el salón Albergucci de la sede central de la cartera educativa, Oporto aseguró que "la educación y el aprendizaje se resuelven en el aula, cuando los docentes dan buenas clases y los alumnos aprenden". "Ese es el momento final de un proceso mucho más amplio que hace a una estructura y a una serie de decisiones políticas que generan condiciones concretas para que todo eso se logre", finalizó.