Más de doscientos referentes del campo educativo se reunieron para elaborar un documento con propuestas para el área, con el objetivo de presentárselo al próximo gobierno. En el cierre del encuentro se hizo especial hincapié en la necesidad de un proyecto nacional y federal que acompañe e impulse la transformación del sistema educativo. "De todas las recomendaciones a las que llegamos, creo que la más importante ha sido el clamor por un sistema educativo federal. Necesitamos que se entiendan las asimetrías y particularidades de cada lugar porque no queremos más un país unitario", planteó la pedagoga Adriana Puiggrós.

Estudiantes salteños viajaron para exponer en Tecnópolis | Feria Nacional de la Innovación Argentina
Bajo el lema "Educación, Educación, Educación. Temas de agenda pública", el encuentro fue organizado por la UMET en conjunto con la OEI y la Universidad Pedagógica Nacional (Unipe). Participaron los ministros de Educación de las trece gobernaciones provinciales que manifestaron su apoyo al Frente de Todos.

El acto de cierre fue encabezado por Nicolás Trotta (UMET), Luis Scasso (OEI), Adrián Cannellotto (Unipe), Adriana Puiggrós (Unipe), Flavia Terigi (UNGS-UBA) y Sonia Alesso (Ctera). Los expositores se abocaron a aportar diferentes reflexiones respecto de los debates que hay entorno a los núcleos centrales de la agenda educativa.

Puiggrós resumió las principales conclusiones que dejó la jornada: recuperar la responsabilidad del Estado Nacional sobre las políticas educativas, garantizar el cumplimiento de las numerosas normativas vigentes, asegurar condiciones laborales dignas (empezando por reponer la paritaria nacional docente), consensuar un plan integral en el marco del Consejo Federal de Educación que contemple las diferentes realidades provinciales, entre otras.

Scasso, director adjunto de la OEI en Argentina, abordó el tema desde una perspectiva regional: "En América Latina, en los últimos 15 años, hubo grandes avances en el tema educativo, desde la alfabetización hasta la educación superior. Sin embargo, en este momento de crisis sistémica que vive la humanidad, el sistema educativo de golpe se encuentra atendiendo cuestiones tan básicas como tener que alimentar a los niños, a la vez que intenta incluirlos digitalmente". Para superar estas paradojas, Scasso resaltó la importancia tener un "proyecto nacional que le dé unidad y coordinación a las políticas públicas".

En la misma línea, el rector de la UNIPE, Adrián Cannellotto, sostuvo que "el Estado siempre estuvo detrás de todos los grandes avances de la modernidad, es el único que puede sostener procesos de largo aliento vinculados a la investigación, la producción y el conocimiento". Cannellotto enfatizó el carácter político de la educación y el rol que deben cumplir las universidades a la hora de buscar una respuesta a la crisis social y económica que vive la Argentina: "Debemos encontrar la solución en nuestra propia historia, no imitar el recorrido que hicieron otros países".

Los expositores partieron del reconocimiento de la existencia de un contexto de ajuste, crisis y deuda social que limita las potencialidades del sistema educativo. Frente a este escenario, la decana del Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Flavia Terigi, planteó la necesidad de armar "un estado de situación": "El gobierno actual nos deja un Ministerio Nacional que perdió gran parte de sus cuadros técnicos, nos deja compromisos con soluciones enlatadas vendidas por consultoras que dan cuenta de un aplanamiento de la responsabilidad del Estado y nos deja un cambio cultural en las escuelas que parte de un descrédito muy grande de lo público".

"No hay proyecto educativo sin proyecto nacional", planteó la secretaria general Ctera, Sonia Alesso, entre aplausos. La dirigente sindical destacó la importancia de "construir una institucionalidad que evite que, cada cuatro años, tengamos que pagar 100 años de endeudamiento externo. Hay que construir consensos ciudadanos básicos porque es imposible diseñar políticas educativas sin una mirada de largo alcance".

"Tenemos que romper con la mediocridad en la que vivimos", señaló, por su parte, el director de la UMET, Nicolas Trotta, antes de finalizar la charla. "Queremos una escuela que pueda educar a un pueblo rebelde, a una sociedad con pensamiento crítico que no se resigne nunca."

Informe: María Cafferata.

La Justicia le exigió al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que dé detalles de la "Escuela del Futuro", que prevé trabajo no remunerado de los estudiantes.

Pese a las críticas de la comunidad educativa, el Gobierno de la Ciudad mantiene firme su intención de aplicar la “Escuela del Futuro” que prevé pasantías gratuitas de los estudiantes. Sin embargo, la Justicia demostró que no permitió la participación de docentes ni estudiantes en la reforma educativa y que ni siquiera compartió el plan de estudios que planea para el próximo ciclo lectivo, sólo lineamientos básicos.

Con las tomas de colegios y los pronunciamientos públicos, estudiantes y docentes dejaron clara su postura en contra de la reforma inconsulta. Más de un mes de levantadas estas medidas de fuerza, la administración de Horacio Rodríguez Larreta no resolvió las quejas.

Por esto, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario ordenó una mesa de diálogo entre el Ministerio de Educación, a cargo de Soledad Acuña, y familiares de alumnos, sus abogados, y los asesores tutelares Gustavo Moreno y Mabel López Oliva. También participó del encuentro la defensora de menores interina Ana Cueva Rey, pese a que no posee competencia para actuar en segunda instancia.

La primera audiencia, del 31 de octubre, exhibió una clara falta de información pública, según quedó plasmado en las actas a las que accedió El Destape. Por esto, los camaristas Esteban Centanaro, Carlos Balbín y Mariana Díaz obligaron a la cartera educativa a evacuar las consultas de los representantes del Ministerio Público Tutelar y el de la Defensa de forma expeditiva.

Del lado de Moreno y López Oliva exigieron, en primer lugar, que el ministerio “identifique el expediente administrativo bajo el cual tramita el proyecto educativo” y que muestre una copia de dicha resolución, dado que desde el ministerio nunca exhibieron los presuntos actos administrativos que justifiquen la reforma y que deberían existir para que se lleve a cabo.

Como segundo punto destacado, los asesores tutelares pidieron que la ministra “indique si docentes participaron en el diseño de la reforma educativa y, en caso afirmativo, en qué oportunidades”, reza el oficio que llegó a manos de este medio.

Además, le preguntaron si los estudiantes fueron convocados para debatir los cambios, quiénes y cuándo. Le requirieron que anexe las actas de las reuniones para corroborar la participación del alumnado y si fue tenido en cuenta.

No menos importante, intimaron a que presente “si existe, una evaluación pedagógica de la implementación que habría motivado” los polémicos cambios. También pidieron informen si la reforma educativa se implementó en otros países, con las evaluaciones respectivas.

Ante la propuesta de dejar de calificar a los alumnos por exámenes numéricos, exigieron saber si realizarán modificaciones al régimen de evaluación. Por las modificaciones pretendidas en el quinto año de la secundaria, los funcionarios judiciales consultaron si esto ya fue articulado con el programa preuniversitario de la Universidad de Buenos Aires, que posee autonomía.

Sin despreciar el resto de las apreciaciones, el punto neurálgico requerido fue la oficialización del listado de colegios donde se implementará la “Escuela del Futuro”. Es que la cartera de Acuña no lo publicó en ninguna instancia, lo que aparenta ser inentendible a cuatro meses del comienzo de su aplicación.

La consulta 16 del punteo de López Oliva y Moreno pide que indiquen la previsión presupuestaria para la implementación de la reforma, que deberían haberse plasmado en el Presupuesto 2018 enviado a la Legislatura de la Ciudad.

Los defensores oficiales Ramiro Dos Santos Freire y Cecilia Pandolfino presentaron sus propias preguntas, similares a las previas, pudo constatar este medio. Ambos escritos apuntan a recabar datos elementales que la cartera de Acuña hasta el momento no publicó.

Aunque El Destape supo que los funcionarios del ministerio no retiraron las copias de las consultas, como habían convenido, el tribunal les designó dos días para responderlas, antes de la próxima mesa de diálogo judicial.