Santa Fé

El gobierno santafesino recortó atribuciones a cooperadoras escolares

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Así lo dispuso mediante el decreto 962 que reduce la autonomía a las instituciones educativas  como a los organismos que aportan recursos económicos para que éstas subsistan. Es que a partir de lo promulgado se establece que  todo acción "para el mantenimiento, ampliación y construcción de edificios escolares y/o para la renovación, incremento o mantenimiento de equipamiento con finalidad pedagógica, que se cubra con el financiamiento de fuente nacional o internacional o con fondos provenientes de donaciones o aportes de personas físicas, jurídicas u organizaciones no gubernamentales,

 

y las provenientes del Fondo de Asistencia Educativa (FAE), sólo podrán ser efectivamente autorizados y ejecutados atendiendo al principio de prioridad funcional e institucional según lo defina por escrito la Subsecretaría de Infraestructura y Patrimonio del Ministerio de Educación”. De esta manera el gobierno se reserva el derecho de autorizar cualquier movimiento económico que realice la institución con el dinero que no provenga del Estado provincial.


De ahora en más las cooperadoras escolares no podrán decidir libremente qué acciones realizar con los fondos recaudados, sino que por escrito deberán recurrir al Ministerio de Educación esperando la autorización correspondiente. Lo mismo ocurrirá con el Fondo de Asistencia Educativa (FAE) que los municipios entregan a las escuelas. Ahora será la provincia la que decidirá qué se deberá hacer con el dinero aportado por los estados locales. Recortando aún más las facultades de éstos sobre las instituciones, algo que ya había traído varios conflictos en el gobierno de Binner.

Lo llamativo de la norma es que no sólo se aplica, según establece el texto, a las modificaciones edilicias relevantes que podrían cambiar la estructura de un edificio público, sino también al mantenimiento del mismo como a la adquisición y mantenimiento del equipamiento. Esto significa que tanto para levantar una pared como para arreglar un simple vidrio se debe contar con el visto bueno de la provincia, aún cuando el dinero no provenga de ésta. Construir un aula, reparar un caño, comprar un DVD, arreglar un televisor; todo deberá pasar por el ojo administrativo de la Subsecretaría de Infraestructura y Patrimonio del Ministerio de Educación y nada se podrá hacer sin un escrito que avale cualquier movimiento. Mientras las cooperadoras seguirán siendo las encargadas de recaudar, el gobierno decidirá ahora en qué se gastará ese dinero de acuerdo a criterios del propio Estado. Lo mismo ocurrirá con cualquier fondo que ingrese a las escuelas ya sea de instituciones, organizaciones, empresas o del propio municipio.

Fuente: http://julio-armando.blogspot.com.ar/2012/05/el-gobierno-intervendra-en-las.html?spref=fb