Juicio contra la cooperadora de la EEM N°359 de Marcelino Escalada

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noticias_juicioSigue en pie el embargo de una escuela por un juicio del Onabe.

El organismo les reclama a los padres de los alumnos el alquiler del inmueble, del que teóricamente eran propietarios. Pero el mismo había sido donado a la provincia para que allí funcionase la institución. Soledad de la comunidad educativa y acción tardía del Estado provincial.
No hay razonamiento alguno que logre explicar la situación por la cual la cooperadora de una escuela se encuentre en el medio de un juicio contra el Estado Nacional, con la posibilidad cierta de que le expropien sus escasos bienes e, incluso, el mismísimo edificio escolar.

Los protagonistas de la historia -que ya tiene 12 años- son la Escuela de Enseñanza Media N° 359 Bernabé Vera, de Marcelino Escalada (un poblado de 2.000 habitantes del departamento San Justo, provincia de Santa Fe), y el Organismo Nacional Administrador de Bienes del Estado (Onabe). El motivo del conflicto: la posibilidad inminente de remate de los bienes de la cooperadora, como resultado de un reclamo judicial que el Onabe interpuso contra los padres de esa pequeña comunidad educativa.

El motivo de la contienda -que se dirime en los pasillos del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires- se puede explicar, pero es casi imposible de comprender.

La escuela fue creada en 1985 por iniciativa de los padres, ante la ausencia de una institución que ofreciera a los jóvenes de Marcelino Escalada el nivel medio de enseñanza. Desde 1986 funciona en un edificio que pertenecía a Ferrocarriles Argentinos, dado que era el único apropiado para desarrollar ese tipo de tareas.

Hasta 1998, estuvo vigente un contrato de alquiler, el que fue abonado mensualmente por la asociación cooperadora de la escuela, encargada, además, del mantenimiento del local.

El 1° de diciembre de 1998, el presidente del organismo nacional firmó un acta por la que notificaba al gobierno de la provincia de Santa Fe que, según la resolución N° 525/98, que se había aprobado la transferencia del inmueble a la provincia, con el objeto de que allí funcionara dicha institución.

Pero, a mediados de 2006, una intimación del Onabe llegó a la vivienda particular de los cooperadores y directivos, reclamando los alquileres no abonados desde la fecha de la transferencia hasta 2003.

Los abogados del Estado nacional lograron, entonces, que el magistrado emplazase a la Asociación Cooperadora a abonar la supuesta deuda o, de lo contrario, se procedería "al remate del edificio".

Tragicomedia

En esta batalla (desigual, si la hay), aparecen elementos que han "enriquecido" el desarrollo de los hechos durante más de una década: la ausencia del Ministerio de Educación como actor principal y directamente involucrado, la aparición tardía del Estado provincial, el avance sin límites ni pudores del organismo nacional sobre una escuela. Y la soledad de padres, docentes y
alumnos.

Tal como explicaron Gerardo Lazzarini y Marina Sánchez, integrantes de la cooperadora, y la directora de la institución, Silvia Brigada, "en 1986, la institución se trasladó a la vieja casa de guardas del Ferrocarril, que hacía años estaba desocupada. A pesar de ser una escuela estatal, fueron los padres quienes pagaron con mucho esfuerzo el alquiler, para usar un edificio destruido, que se encargaron de mejorar".

En diciembre de 1998, festejaron "el sueño hecho realidad", cuando recibieron la copia del acta en la cual el entonces Enabief (hoy, Onabe) transfería el terreno a favor del gobierno de la provincia, para la escuela media N° 359.

"De inquilinos pasamos a ser dueños, hasta que nos dimos cuenta, en junio del año pasado, que para el Onabe somos usurpadores, pues reclaman judicialmente una deuda de alquileres desde 1998 a 2003, período en que el terreno era provincial.
El detalle es que el Onabe no sólo olvidó que lo había transferido, sino que tampoco había hecho la escritura", agregaron.

La historia sin fin

Tal como explica la directora, "asesorada por los abogados del gobierno de la provincia (que tienen conocimiento de la situación desde 2004) y para dar un punto final a este tema", la Cooperadora presentó ante el Onabe -finalizando octubre de 2006-, un ofrecimiento de $ 2.400 (por pago de los costos del juicio, no del capital), para que el ente entregara un "libre deuda" y, así, concretar la escrituración.

"No obtuvimos respuesta. El 8 de noviembre de 2006, nos enteramos de la existencia de la orden del juez de proceder con el embargo, dado que el gobierno provincial no se hizo presente en tiempo y forma en el juzgado para detener el pleito", indicaron.

Ello motivó el viaje a Buenos Aires del presidente de la cooperadora junto a los bogados de la provincia, para entrevistarse con los letrados del Onabe: "A ellos, los 2.400 pesos les parecía poca plata, motivo por el cual no nos contestaron".

Con la intención del Ejecutivo provincial de terminar con este tema, y la promesa de librar los fondos para saldar la deuda (aun cuando se considera ilegítima), los cooperadores tuvieron la posibilidad de firmar un nuevo documento, ofreciendo hacerse cargo de la deuda, honorarios y demás gastos.

"Después de analizarlo, decidimos no firmarlo, porque no teníamos confianza de ue el Onabe daría por terminado el tema y entregaría la escritura", explicaron.

Oídos sordos

A mediados de 2006, el senador por el departamento San Justo, Ricardo Olivera, llevó el tema a la Cámara de Senadores, cuando solicitó al Estado provincial que, "a través del organismo que corresponda, interceda en forma urgente ante el Onabe a los fines de evitar el remate del edificio donde funciona la Escuela de Enseñanza Media N°539 Bernabé Vera, de Marcelino Escalada, departamento San Justo".

El relato de esta triste historia indica que no hubo acción del Estado provincial acorde con el avanzado estado de los hechos.

En diciembre de 2006, los cooperadores y directivos de la escuela decidieron firmar el documento de pago al Onabe por todo concepto "para terminar de una vez por todas con este drama", pero exigiendo que el mismo estuviera rubricado también por las autoridades del Ministerio de Educación, y donde constara el apoyo explícito en cuanto al aspecto económico, en función del compromiso público hecho entonces por el gobernador de la provincia.

"Lamentablemente, cuando la directora viajó a Santa Fe para conseguir la firma, excepto el Dr. Ricardo Dupuy (director provincial de Asuntos Legales y Normativos del MEC), nadie quiso hacerse cargo de la situación", comentaron los cooperadores.

La directora volvió sin las firmas y sin las notas, que quedaron en manos del Dr. Dupuy, responsable de intentar conseguir el apoyo de algún funcionario de Educación.

En una carta enviada el 26 de febrero de este año al subsecretario de Educación, Víctor Debloc, la comunidad educativa manifestaba "la necesidad de una solución en forma urgente, pues no sabemos cómo reaccionará la comunidad si llega el oficial de Justicia a hacer una valuación de los bienes".

Y agregaban: "Creemos que no vamos a llegar a la instancia del remate, pero también somos conscientes de que no es justo que los padres que trabajamos por ayudar al Estado debamos seguir inmersos en este problema".

La nota fue enviada días atrás al Onabe, con el compromiso del gobernador Obeid de liberar los fondos para pagar la deuda: la misma lleva la firma de los padres, del senador Ricardo Olivera y del Dr. Dupuy, quien no consiguió que ningún alto funcionario de Educación se hiciera cargo con su propia rúbrica de la situación.

Esperando abril
Según informó el Dr. Ricardo Dupuy, el Onabe habría aprobado la última propuesta de pago hecha por los padres, tal como le fue informado en forma personal desde Buenos Aires. Pero lo cierto es que no existe hasta el momento la comunicación formal y oficial que así lo certifique. El pago significa una erogación que oscila entre los 6 y 7 mil pesos, en concepto del capital adeudado, sin incluir los costos de abogados ni judiciales, tal como se acordó con el organismo
nacional. Dupuy aventuró que "hacia fines de abril, todo estaría resuelto".
En la escuela Bernabé Vera funcionan además la sede N° 37 de los profesores itinerantes (que visitan 12 escuelas rurales) y el anexo del Eempa N° 1062.

Fuente: www.litoral.com.ar