Texto de la Ley de Cooperadoras Escolares
- Escrito por Rubén Ostrower
- Publicado en Legislación y Reglamentos Nacionales
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Artículo 1º: El Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantizan - conforme la Ley de Educación Nacional 26.206- la participación de las familias y de la comunidad educativa en las instituciones escolares en general y, en particular, a través de las cooperadoras escolares, como ámbito de participación de las familias en el proyecto educativo institucional, a fin de colaborar en el proceso educativo de los alumnos y alumnas.
Artículo 2º: La implementación de las acciones previstas en la presente Ley se regirá por los siguientes principios generales:
Artículo 2º: La implementación de las acciones previstas en la presente Ley se regirá por los siguientes principios generales:
a) Integración de la comunidad educativa.
b) Democratización de la gestión educativa.
c) Mejora de los establecimientos escolares.
d) Fomento de prácticas solidarias y de cooperación.
e) Promoción de la igualdad de trato y oportunidades.
f) Promoción de la inclusión educativa.
g) Defensa de la educación pública.
Artículo 3º: Las respectivas jurisdicciones dictarán las normas específicas para promover y regular la creación y el fortalecimiento de las cooperadoras, el reconocimiento de las ya existentes y el seguimiento y control de su funcionamiento. Asimismo, implementarán un registro en cada jurisdicción y establecerán el marco normativo que permita a las cooperadoras escolares la administración de sus recursos.
Artículo 4º: Las cooperadoras escolares estarán integradas por padres, madres, tutores o representantes legales de los alumnos y al menos por un directivo, de la institución educativa. Los docentes, los alumnos mayores de 18 años de edad y los exalumnos de la institución podrán formar parte de la cooperadora, como así también, otros miembros de la comunidad, conforme lo dispongan las reglamentaciones jurisdiccionales.
Artículo 5º: Las cooperadoras escolares deberán dictar sus respectivos estatutos regulando su organización y la elección de sus autoridades,
debiendo contar como mínimo con un/a presidente/a, un/a secretario/a, un/a tesorero/a.
El Estatuto se dictará dando cumplimiento a la reglamentación que establezca cada jurisdicción, según corresponda.
Artículo 6º: Las cooperadoras escolares podrán:
a) Recibir aportes y subsidios que otorguen las autoridades nacionales, provinciales o municipales.
b) Recibir contribuciones de sus integrantes, las que en ningún caso serán obligatorias para éstos.
c) Recaudar fondos a través de la realización de actividades organizadas con el consentimiento de las autoridades escolares, así como recibir contribuciones y/o donaciones de particulares, empresas y organizaciones de la sociedad civil. En ningún caso los fondos percibidos por estas contribuciones podrán tener como contrapartida su publicación explicitada en términos publicitarios o propagandísticos del donante.
Artículo 7º: Son funciones de las cooperadoras escolares, entre otras, las siguientes:
a) Participar en las acciones que tiendan a la promoción de la igualdad y el fortalecimiento de la ciudadanía democrática en las instituciones educativas.
b) Contribuir al mejoramiento de la calidad de las condiciones del espacio escolar, colaborando en el mantenimiento y las mejoras del edificio escolar y su equipamiento.
c) Realizar actividades culturales, recreativas y deportivas en el marco de los proyectos institucionales del respectivo establecimiento.
d) Colaborar en la integración e inclusión de sectores de la comunidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad educativa o que estén excluidos de la escolaridad.
e) Realizar actividades solidarias con otras cooperadoras escolares.
f) Percibir y ejecutar subsidios destinados al mantenimiento edilicio de los establecimientos educativos, la dotación de mobiliario y equipamiento, la adquisición de útiles, materiales didácticos y bibliográficos.
Artículo 8º: El Ministerio de Educación de la Nación diseñará, en coordinación con las autoridades jurisdiccionales, campañas de difusión relativas a la importancia de la cooperación y la participación ciudadana en el ámbito educativo, destacando la función social de las cooperadoras escolares.
Artículo 9º: Las cooperadoras escolares podrán nuclearse en consejos de cooperadoras jurisdiccionales, regionales y nacionales. El
Ministerio de Educación de la Nación, a través de la reglamentación de la presente ley, dispondrá los mecanismos de participación de estos consejos en el Consejo Consultivo de Políticas Educativas del Consejo Federal de Educación.
Artículo 10º: Los derechos y obligaciones emanados en la presente ley no obstan para el ejercicio de la participación de la comunidad en los términos establecidos por los artículos 128 y 129 de la Ley de Educación Nacional -26.206-.
Artículo 11º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. –
Daniel F. Filmus. -
b) Democratización de la gestión educativa.
c) Mejora de los establecimientos escolares.
d) Fomento de prácticas solidarias y de cooperación.
e) Promoción de la igualdad de trato y oportunidades.
f) Promoción de la inclusión educativa.
g) Defensa de la educación pública.
Artículo 3º: Las respectivas jurisdicciones dictarán las normas específicas para promover y regular la creación y el fortalecimiento de las cooperadoras, el reconocimiento de las ya existentes y el seguimiento y control de su funcionamiento. Asimismo, implementarán un registro en cada jurisdicción y establecerán el marco normativo que permita a las cooperadoras escolares la administración de sus recursos.
Artículo 4º: Las cooperadoras escolares estarán integradas por padres, madres, tutores o representantes legales de los alumnos y al menos por un directivo, de la institución educativa. Los docentes, los alumnos mayores de 18 años de edad y los exalumnos de la institución podrán formar parte de la cooperadora, como así también, otros miembros de la comunidad, conforme lo dispongan las reglamentaciones jurisdiccionales.
Artículo 5º: Las cooperadoras escolares deberán dictar sus respectivos estatutos regulando su organización y la elección de sus autoridades,
debiendo contar como mínimo con un/a presidente/a, un/a secretario/a, un/a tesorero/a.
El Estatuto se dictará dando cumplimiento a la reglamentación que establezca cada jurisdicción, según corresponda.
Artículo 6º: Las cooperadoras escolares podrán:
a) Recibir aportes y subsidios que otorguen las autoridades nacionales, provinciales o municipales.
b) Recibir contribuciones de sus integrantes, las que en ningún caso serán obligatorias para éstos.
c) Recaudar fondos a través de la realización de actividades organizadas con el consentimiento de las autoridades escolares, así como recibir contribuciones y/o donaciones de particulares, empresas y organizaciones de la sociedad civil. En ningún caso los fondos percibidos por estas contribuciones podrán tener como contrapartida su publicación explicitada en términos publicitarios o propagandísticos del donante.
Artículo 7º: Son funciones de las cooperadoras escolares, entre otras, las siguientes:
a) Participar en las acciones que tiendan a la promoción de la igualdad y el fortalecimiento de la ciudadanía democrática en las instituciones educativas.
b) Contribuir al mejoramiento de la calidad de las condiciones del espacio escolar, colaborando en el mantenimiento y las mejoras del edificio escolar y su equipamiento.
c) Realizar actividades culturales, recreativas y deportivas en el marco de los proyectos institucionales del respectivo establecimiento.
d) Colaborar en la integración e inclusión de sectores de la comunidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad educativa o que estén excluidos de la escolaridad.
e) Realizar actividades solidarias con otras cooperadoras escolares.
f) Percibir y ejecutar subsidios destinados al mantenimiento edilicio de los establecimientos educativos, la dotación de mobiliario y equipamiento, la adquisición de útiles, materiales didácticos y bibliográficos.
Artículo 8º: El Ministerio de Educación de la Nación diseñará, en coordinación con las autoridades jurisdiccionales, campañas de difusión relativas a la importancia de la cooperación y la participación ciudadana en el ámbito educativo, destacando la función social de las cooperadoras escolares.
Artículo 9º: Las cooperadoras escolares podrán nuclearse en consejos de cooperadoras jurisdiccionales, regionales y nacionales. El
Ministerio de Educación de la Nación, a través de la reglamentación de la presente ley, dispondrá los mecanismos de participación de estos consejos en el Consejo Consultivo de Políticas Educativas del Consejo Federal de Educación.
Artículo 10º: Los derechos y obligaciones emanados en la presente ley no obstan para el ejercicio de la participación de la comunidad en los términos establecidos por los artículos 128 y 129 de la Ley de Educación Nacional -26.206-.
Artículo 11º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. –
Daniel F. Filmus. -
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Educar a nuestras niñas, niños y jóvenes es una tarea que involucra a todas las personas que, ejerciendo distintos roles, tienen una relación directa con la acción educativa de la escuela. La cooperadora escolar es el lugar por excelencia que tienen las familias, en nuestro país, para participar en la escuela y colaborar con ella en su tarea pedagógica. Y esa participación es necesaria porque implica un doble compromiso: por un lado acompañar a los chicos en el desarrollo de su proceso de aprendizaje; por el otro, vincular a los padres con los docentes, con los directores y con los alumnos. Así se conforma la comunidad educativa, mediante la existencia de pautas, herramientas y objetivos comunes, que permiten la construcción de un proyecto institucional para cada establecimiento educativo. Allí radica la importancia del movimiento cooperador en el sistema educativo.
La obra de las cooperadoras escolares está íntimamente ligada a los avatares de la historia argentina y, para referirnos a ellas, es indispensable repasar la historia de nuestro sistema educativo, el papel del Estado y el rol que en cada momento han tenido y tienen los cooperadores escolares.
Desde el inicio del sistema educativo argentino, mientras el Estado iba haciéndose cargo progresivamente de sus responsabilidades, comenzaron a surgir las asociaciones civiles que se preocupaban por el sostenimiento y ayuda a las escuelas. Agrupaciones de inmigrantes extranjeros, sociedades filantrópicas, clubes de militantes anarquistas y socialistas, grupos de padres y maestros, se dedicaron a trabajar desinteresadamente para dotar a sus comunidades y barrios de escuelas o para mejorar las condiciones de las que ya existían. Eran los primeros pasos de lo que luego constituiría el movimiento de las
asociaciones cooperadoras. En su origen, las asociaciones cooperadoras tuvieron como objetivo llenar un espacio que el Estado ocupaba deficientemente, cumpliendo un rol fundamental en la integración de la mayor cantidad de niños y niñas al sistema educativo. Con el transcurso de las primeras décadas del siglo XX, el Estado comienza a asumir mayores funciones y el crecimiento de estas primeras asociaciones de cooperación perdió vigor.
A partir de 1930 la mirada del Estado comienza a fijarse en estas entidades de bien público, dándoles un viso legal. Se dictan los estatutos de las asociaciones cooperadoras, se institucionalizan sus relaciones con las autoridades escolares y estatales y se impulsa su creación. Por esa época, Ernesto Nelson, un destacado educador argentino, escribía en su libro “La función social de las cooperadoras escolares”: “Encuentro admirable la obra realizada hasta aquí por nuestras cooperadoras porque su acción ha tendido a crear en el pueblo fe en la escuela (...) Podríamos sintetizar la finalidad de las asociaciones populares en la etapa que ha transcurrido desde su origen formulando el lema que ha sido proclamado por algunas de ellas: ‘la escuela no será nada mientras los padres no hagan suyos los problemas de la escuela`”. Nelson terminaba su libro con una pregunta que afirmaba la importancia de estas asociaciones civiles: “¿Quién señalará el límite entre lo que cada uno hizo por sus hijos y lo que al hacerlo por ellos, hizo por los hijos de los demás?”
A partir de 1945, con la llegada de Perón al poder, el rol del Estado en la vida social se incrementó y el énfasis estuvo puesto en el acceso de la ciudadanía hacia terrenos que habían sido ignorados durante buena parte de los períodos precedentes. En esta etapa creció significativamente la matrícula escolar así como la inversión destinada a nuevos edificios escolares y su equipamiento. A su vez la escuela era visualizada por el peronismo como un lugar clave de socialización, participación y cohesión, un espacio donde confluían padres, alumnos y autoridades estatales.
En este contexto, al mismo tiempo que el Estado comienza a absorber las tareas de asistencia y mantenimiento escolar que hasta ese momento cumplían las asociaciones cooperadoras, fortalece, institucionaliza y promueve a las mismas, otorgándoles subsidios para que sean aplicados a la realización de obras y al mantenimiento de las escuelas, al mismo tiempo que impulsa el Congreso Nacional de Cooperadoras Escolares, e instaura el 8 de octubre como el día del cooperador escolar.
A partir de 1955, con el gobierno de la Revolución Libertadora, se comenzaron a instrumentar –tímidamente primero, más abiertamente después- toda una serie de proyectos y acciones que irían minando el modelo educativo universal heredado de la Ley 1420. Esta situación
de gradual decadencia de la educación pública activó más la acción de las asociaciones cooperadoras, quienes se vieron nuevamente ante el desafío de enfrentar la crisis con su tarea solidaria cotidiana.
La aparición de las escuelas de jornada completa motivó la creación de los comedores escolares, espacios en los cuales las cooperadoras contribuyeron a brindar apoyo y asistencia a los estudiantes más necesitados, colaborando así con otra tarea sensible a cada comunidad educativa.
Acompañando los vaivenes de la sociedad argentina, el movimiento cooperador también sintió los efectos de la masiva participación que se abrió en 1973. En un momento de movilización política permanente, las escuelas se convirtieron en lugares donde era posible el encuentro entre la comunidad de padres y las autoridades escolares.
Sin embargo, la agudización definitiva de la crisis escolar se manifestó en el marco de las violentas reformas estructurales impuestas por la última dictadura militar a partir de 1976. La política de terror implementada por la dictadura tenía el objetivo de disciplinar a una sociedad movilizada y preparar el terreno para la implementación de un programa económico basado en la intermediación financiera y en el dominio de los grandes grupos económicos. Un modelo de país donde la educación pública pasó a ocupar un papel subsidiario.
En el terreno de la educación, la política de la dictadura fue particularmente represiva. No sólo se persiguió, secuestró y desapareció a gran número de estudiantes, maestros y profesores, sino que se impuso una reestructuración total del sistema de enseñanza para eliminar cualquier atisbo de pensamiento crítico. Se puso en práctica un sistema destinado a la represión en las escuelas públicas de cualquier manifestación que la dictadura considerara opuesta a sus doctrinas: suspensión de derechos de los trabajadores de la educación, intervención de sindicatos, remoción de autoridades, suspensión de la vigencia del Estatuto Docente, prohibición de centros de estudiantes y cualquier tipo de actividad política.
Las asociaciones cooperadoras, durante este lapso vieron reducidas enormemente sus funciones, y debieron renunciar a sus aspiraciones de participar más activamente en la definición del rumbo educativo. Siguieron trabajando en condiciones duras y oscuras, apuntalando en la medida de sus posibilidades la situación penosa que atravesaban las escuelas. Comenzaban a reflejarse las consecuencias de las políticas de destrucción del Estado de Bienestar y del avance de la pobreza, un escenario donde la acción solidaria de las cooperadoras era cada vez más necesaria ante la miseria y el miedo.
A partir de la vuelta a la democracia en 1983, el gobierno emprendió la tarea de normalizar la situación institucional del país: se restablecieron los partidos políticos, la actividad sindical y los derechos de los trabajadores. En el terreno de la educación el gobierno de Alfonsín intentó recuperar a la escuela como un espacio democrático. Se reincorporó a los docentes cesanteados, se autorizó el funcionamiento de centros de estudiantes, se reinstauró la vigencia del Estatuto del Docente y se modificó la currícula escolar, haciendo hincapié en la formación ciudadana.
El gobierno democrático estimuló la participación de las familias en la escuela, y las asociaciones cooperadoras recuperaron el protagonismo perdido durante el régimen militar. Al igual que otros movimientos sociales, las cooperadoras escolares nuclearon a cientos de madres y padres interesados en comprometerse en la tarea solidaria de apuntalar la institución escolar.
La crisis social que atravesaba el país y que eclosionó hacia 1989 con la hiperinflación, no pudo dejar de tener consecuencias sobre el ámbito escolar. Sus consecuencias más claras fueron el deterioro de la condición social de los alumnos y de los docentes y una reducción del presupuesto educativo, pero al mismo tiempo representó para las asociaciones cooperadoras un gran desafío. A los reiterados paros docentes, el aumento de la deserción escolar y el deterioro de la infraestructura escolar, las cooperadoras respondieron con su trabajo voluntario: atención de comedores, jornadas de fines de semana dedicados a pintar y refaccionar los edificios, etc..
Es en estos años donde en algunas jurisdicciones del país las cooperadoras escolares comienzan a recibir subsidios por parte del Estado. Esta política de subsidios permite que sean los padres y madres junto a los directivos quienes intervengan y decidan qué tipo de trabajos llevar adelante en cada escuela con los recursos asignados, así como también supone mayor control y exigencia por parte del Estado y mayor transparencia en la asignación y ejecución de los presupuestos asignados.
La década de los 90 está caracterizada por una serie de reformas estructurales que tuvieron como ejes principales el achicamiento del Estado, la desregulación de la economía, la privatización de empresas estatales y la apertura a las inversiones financieras internacionales. Esta etapa estuvo signada por la desintegración social, por la ruptura de los vínculos solidarios y por la exclusión de amplios sectores de la población.
De este contexto no estuvieron ausentes las asociaciones cooperadoras. La fragmentación del mercado laboral, su precarización y el aumento del desempleo, obligó a muchas familias a buscar nuevas fuentes de ingresos, lo que llevó a que muchas madres que hasta ese momento se habían mantenido fuera del mercado de trabajo tuvieran que salir a trabajar. El esquema tradicional del padre proveedor de los ingresos familiares y la madre encargada del cuidado de los hijos, se transformó y obligó a muchas personas a abandonar su colaboración con las asociaciones cooperadoras.
Las consecuencias más visibles de la aplicación de las políticas neoliberales en el sistema educativo fueron la fragmentación del mismo en una multiplicidad de diferentes esquemas curriculares, organizativos y administrativos. Ante un Estado cada vez más prescindente, las escuelas públicas se vieron obligadas, una vez más, a buscar por sí mismas los recursos necesarios para su funcionamiento. Las asociaciones cooperadoras cumplieron, en ese período, un rol fundamental para la supervivencia del sistema. Se encargaron de velar por la infraestructura escolar, por el material didáctico y por realizar tareas de apoyo y asistencia social.
La cultura de la década pasada estuvo signada por el individualismo, el personalismo y la reticencia a la participación. Como consecuencia, parte de la cultura cooperadora se fue perdiendo y para reconstruirla es necesario proponer y fortalecer un tejido de redes, de ayuda y de cooperación.
El mayor desafío de las cooperadoras radica en multiplicar la participación de los padres en la comunidad educativa. Los largos años de escepticismo y desconfianza hacia los asuntos públicos llevaron a la actual crisis de participación que padecen nuestras asociaciones.
En este momento en que el Estado está reasumiendo su papel en la educación, en el que está recuperando sus responsabilidades y protagonismo, resulta central impulsar y fortalecer mecanismos de articulación del Estado con la escuela y la familia, y es por ello que los cooperadores están llamados a llevar a cabo un rol muy importante en esta tarea. Por todo esto es fundamental el esfuerzo por reconocer y jerarquizar la tarea llevada a cabo por las asociaciones cooperadoras. Se trata de pensar la educación como una construcción colectiva, obra de toda la comunidad: maestros, autoridades, padres y alumnos.
Se trata, además, de profundizar el fortalecimiento de la democracia en todas sus expresiones. En el breve recorrido realizado sobre la historia del movimiento cooperador hemos visto que en varios momentos de la misma esas organizaciones sociales cubrían, suplían, y paliaban ausencias de las obligaciones del Estado en las políticas educativas. Hoy nuestro compromiso es garantizar junto a las indelegables responsabilidades del Estado, más participación social, en este caso de toda la comunidad educativa. Y el lugar de participación de las familias y la comunidad por excelencia es el de las cooperadoras escolares.
El presente proyecto permite fortalecer el propósito de Ley de Educación Nacional, Nro. 26.206, en el sentido de Asegurar la participación democrática de docentes, familias y estudiantes en las instituciones educativas de todos los niveles. (Titulo I, Capitulo II, sobre los Fines y objetivos de la política educativa nacional), y Promover la participación de la comunidad a través de la cooperación escolar en todos los establecimientos educativos de gestión estatal (Titulo X, Capítulo V sobre La institución educativa), así como también Participar en las actividades de los establecimientos educativos en forma individual o a través de las cooperadoras escolares y los órganos colegiados representativos, en el marco del proyecto educativo institucional (Capítulo VII sobre Derechos y deberes de los padres, madres, tutores/as:).
El desafío es, entonces, reconstruir la cultura de la participación de las familias en la escuela y crear, desde la escuela, mecanismos y estrategias que inviten a los padres y madres a integrarse a la comunidad educativa. Por un lado, porque consideramos que la participación de toda la comunidad educativa enriquece a la escuela. Por el otro, porque cuando los adultos se preocupan por la educación de sus hijos, contribuyen a la trasmisión en acto del valor de la educación.
A modo de conclusión, a partir del nuevo contexto nacional de recomposición del rol del Estado se vuelve indispensable relanzar el andamiaje institucional de las asociaciones cooperadas a partir de ejes convocantes para la participación de la comunidad escolar. Esto será posible retomando lo mejor de su experiencia. La construcción de un marco normativo que las contenga y, al mismo tiempo, fortalezca su institucionalización, constituye un paso fundamental.
En el convencimiento que los integrantes de esta Honorable Cámara compartirán lo expuesto, solicito la aprobación del presente.
Daniel F. Filmus. -
Señor Presidente:
Educar a nuestras niñas, niños y jóvenes es una tarea que involucra a todas las personas que, ejerciendo distintos roles, tienen una relación directa con la acción educativa de la escuela. La cooperadora escolar es el lugar por excelencia que tienen las familias, en nuestro país, para participar en la escuela y colaborar con ella en su tarea pedagógica. Y esa participación es necesaria porque implica un doble compromiso: por un lado acompañar a los chicos en el desarrollo de su proceso de aprendizaje; por el otro, vincular a los padres con los docentes, con los directores y con los alumnos. Así se conforma la comunidad educativa, mediante la existencia de pautas, herramientas y objetivos comunes, que permiten la construcción de un proyecto institucional para cada establecimiento educativo. Allí radica la importancia del movimiento cooperador en el sistema educativo.
La obra de las cooperadoras escolares está íntimamente ligada a los avatares de la historia argentina y, para referirnos a ellas, es indispensable repasar la historia de nuestro sistema educativo, el papel del Estado y el rol que en cada momento han tenido y tienen los cooperadores escolares.
Desde el inicio del sistema educativo argentino, mientras el Estado iba haciéndose cargo progresivamente de sus responsabilidades, comenzaron a surgir las asociaciones civiles que se preocupaban por el sostenimiento y ayuda a las escuelas. Agrupaciones de inmigrantes extranjeros, sociedades filantrópicas, clubes de militantes anarquistas y socialistas, grupos de padres y maestros, se dedicaron a trabajar desinteresadamente para dotar a sus comunidades y barrios de escuelas o para mejorar las condiciones de las que ya existían. Eran los primeros pasos de lo que luego constituiría el movimiento de las
asociaciones cooperadoras. En su origen, las asociaciones cooperadoras tuvieron como objetivo llenar un espacio que el Estado ocupaba deficientemente, cumpliendo un rol fundamental en la integración de la mayor cantidad de niños y niñas al sistema educativo. Con el transcurso de las primeras décadas del siglo XX, el Estado comienza a asumir mayores funciones y el crecimiento de estas primeras asociaciones de cooperación perdió vigor.
A partir de 1930 la mirada del Estado comienza a fijarse en estas entidades de bien público, dándoles un viso legal. Se dictan los estatutos de las asociaciones cooperadoras, se institucionalizan sus relaciones con las autoridades escolares y estatales y se impulsa su creación. Por esa época, Ernesto Nelson, un destacado educador argentino, escribía en su libro “La función social de las cooperadoras escolares”: “Encuentro admirable la obra realizada hasta aquí por nuestras cooperadoras porque su acción ha tendido a crear en el pueblo fe en la escuela (...) Podríamos sintetizar la finalidad de las asociaciones populares en la etapa que ha transcurrido desde su origen formulando el lema que ha sido proclamado por algunas de ellas: ‘la escuela no será nada mientras los padres no hagan suyos los problemas de la escuela`”. Nelson terminaba su libro con una pregunta que afirmaba la importancia de estas asociaciones civiles: “¿Quién señalará el límite entre lo que cada uno hizo por sus hijos y lo que al hacerlo por ellos, hizo por los hijos de los demás?”
A partir de 1945, con la llegada de Perón al poder, el rol del Estado en la vida social se incrementó y el énfasis estuvo puesto en el acceso de la ciudadanía hacia terrenos que habían sido ignorados durante buena parte de los períodos precedentes. En esta etapa creció significativamente la matrícula escolar así como la inversión destinada a nuevos edificios escolares y su equipamiento. A su vez la escuela era visualizada por el peronismo como un lugar clave de socialización, participación y cohesión, un espacio donde confluían padres, alumnos y autoridades estatales.
En este contexto, al mismo tiempo que el Estado comienza a absorber las tareas de asistencia y mantenimiento escolar que hasta ese momento cumplían las asociaciones cooperadoras, fortalece, institucionaliza y promueve a las mismas, otorgándoles subsidios para que sean aplicados a la realización de obras y al mantenimiento de las escuelas, al mismo tiempo que impulsa el Congreso Nacional de Cooperadoras Escolares, e instaura el 8 de octubre como el día del cooperador escolar.
A partir de 1955, con el gobierno de la Revolución Libertadora, se comenzaron a instrumentar –tímidamente primero, más abiertamente después- toda una serie de proyectos y acciones que irían minando el modelo educativo universal heredado de la Ley 1420. Esta situación
de gradual decadencia de la educación pública activó más la acción de las asociaciones cooperadoras, quienes se vieron nuevamente ante el desafío de enfrentar la crisis con su tarea solidaria cotidiana.
La aparición de las escuelas de jornada completa motivó la creación de los comedores escolares, espacios en los cuales las cooperadoras contribuyeron a brindar apoyo y asistencia a los estudiantes más necesitados, colaborando así con otra tarea sensible a cada comunidad educativa.
Acompañando los vaivenes de la sociedad argentina, el movimiento cooperador también sintió los efectos de la masiva participación que se abrió en 1973. En un momento de movilización política permanente, las escuelas se convirtieron en lugares donde era posible el encuentro entre la comunidad de padres y las autoridades escolares.
Sin embargo, la agudización definitiva de la crisis escolar se manifestó en el marco de las violentas reformas estructurales impuestas por la última dictadura militar a partir de 1976. La política de terror implementada por la dictadura tenía el objetivo de disciplinar a una sociedad movilizada y preparar el terreno para la implementación de un programa económico basado en la intermediación financiera y en el dominio de los grandes grupos económicos. Un modelo de país donde la educación pública pasó a ocupar un papel subsidiario.
En el terreno de la educación, la política de la dictadura fue particularmente represiva. No sólo se persiguió, secuestró y desapareció a gran número de estudiantes, maestros y profesores, sino que se impuso una reestructuración total del sistema de enseñanza para eliminar cualquier atisbo de pensamiento crítico. Se puso en práctica un sistema destinado a la represión en las escuelas públicas de cualquier manifestación que la dictadura considerara opuesta a sus doctrinas: suspensión de derechos de los trabajadores de la educación, intervención de sindicatos, remoción de autoridades, suspensión de la vigencia del Estatuto Docente, prohibición de centros de estudiantes y cualquier tipo de actividad política.
Las asociaciones cooperadoras, durante este lapso vieron reducidas enormemente sus funciones, y debieron renunciar a sus aspiraciones de participar más activamente en la definición del rumbo educativo. Siguieron trabajando en condiciones duras y oscuras, apuntalando en la medida de sus posibilidades la situación penosa que atravesaban las escuelas. Comenzaban a reflejarse las consecuencias de las políticas de destrucción del Estado de Bienestar y del avance de la pobreza, un escenario donde la acción solidaria de las cooperadoras era cada vez más necesaria ante la miseria y el miedo.
A partir de la vuelta a la democracia en 1983, el gobierno emprendió la tarea de normalizar la situación institucional del país: se restablecieron los partidos políticos, la actividad sindical y los derechos de los trabajadores. En el terreno de la educación el gobierno de Alfonsín intentó recuperar a la escuela como un espacio democrático. Se reincorporó a los docentes cesanteados, se autorizó el funcionamiento de centros de estudiantes, se reinstauró la vigencia del Estatuto del Docente y se modificó la currícula escolar, haciendo hincapié en la formación ciudadana.
El gobierno democrático estimuló la participación de las familias en la escuela, y las asociaciones cooperadoras recuperaron el protagonismo perdido durante el régimen militar. Al igual que otros movimientos sociales, las cooperadoras escolares nuclearon a cientos de madres y padres interesados en comprometerse en la tarea solidaria de apuntalar la institución escolar.
La crisis social que atravesaba el país y que eclosionó hacia 1989 con la hiperinflación, no pudo dejar de tener consecuencias sobre el ámbito escolar. Sus consecuencias más claras fueron el deterioro de la condición social de los alumnos y de los docentes y una reducción del presupuesto educativo, pero al mismo tiempo representó para las asociaciones cooperadoras un gran desafío. A los reiterados paros docentes, el aumento de la deserción escolar y el deterioro de la infraestructura escolar, las cooperadoras respondieron con su trabajo voluntario: atención de comedores, jornadas de fines de semana dedicados a pintar y refaccionar los edificios, etc..
Es en estos años donde en algunas jurisdicciones del país las cooperadoras escolares comienzan a recibir subsidios por parte del Estado. Esta política de subsidios permite que sean los padres y madres junto a los directivos quienes intervengan y decidan qué tipo de trabajos llevar adelante en cada escuela con los recursos asignados, así como también supone mayor control y exigencia por parte del Estado y mayor transparencia en la asignación y ejecución de los presupuestos asignados.
La década de los 90 está caracterizada por una serie de reformas estructurales que tuvieron como ejes principales el achicamiento del Estado, la desregulación de la economía, la privatización de empresas estatales y la apertura a las inversiones financieras internacionales. Esta etapa estuvo signada por la desintegración social, por la ruptura de los vínculos solidarios y por la exclusión de amplios sectores de la población.
De este contexto no estuvieron ausentes las asociaciones cooperadoras. La fragmentación del mercado laboral, su precarización y el aumento del desempleo, obligó a muchas familias a buscar nuevas fuentes de ingresos, lo que llevó a que muchas madres que hasta ese momento se habían mantenido fuera del mercado de trabajo tuvieran que salir a trabajar. El esquema tradicional del padre proveedor de los ingresos familiares y la madre encargada del cuidado de los hijos, se transformó y obligó a muchas personas a abandonar su colaboración con las asociaciones cooperadoras.
Las consecuencias más visibles de la aplicación de las políticas neoliberales en el sistema educativo fueron la fragmentación del mismo en una multiplicidad de diferentes esquemas curriculares, organizativos y administrativos. Ante un Estado cada vez más prescindente, las escuelas públicas se vieron obligadas, una vez más, a buscar por sí mismas los recursos necesarios para su funcionamiento. Las asociaciones cooperadoras cumplieron, en ese período, un rol fundamental para la supervivencia del sistema. Se encargaron de velar por la infraestructura escolar, por el material didáctico y por realizar tareas de apoyo y asistencia social.
La cultura de la década pasada estuvo signada por el individualismo, el personalismo y la reticencia a la participación. Como consecuencia, parte de la cultura cooperadora se fue perdiendo y para reconstruirla es necesario proponer y fortalecer un tejido de redes, de ayuda y de cooperación.
El mayor desafío de las cooperadoras radica en multiplicar la participación de los padres en la comunidad educativa. Los largos años de escepticismo y desconfianza hacia los asuntos públicos llevaron a la actual crisis de participación que padecen nuestras asociaciones.
En este momento en que el Estado está reasumiendo su papel en la educación, en el que está recuperando sus responsabilidades y protagonismo, resulta central impulsar y fortalecer mecanismos de articulación del Estado con la escuela y la familia, y es por ello que los cooperadores están llamados a llevar a cabo un rol muy importante en esta tarea. Por todo esto es fundamental el esfuerzo por reconocer y jerarquizar la tarea llevada a cabo por las asociaciones cooperadoras. Se trata de pensar la educación como una construcción colectiva, obra de toda la comunidad: maestros, autoridades, padres y alumnos.
Se trata, además, de profundizar el fortalecimiento de la democracia en todas sus expresiones. En el breve recorrido realizado sobre la historia del movimiento cooperador hemos visto que en varios momentos de la misma esas organizaciones sociales cubrían, suplían, y paliaban ausencias de las obligaciones del Estado en las políticas educativas. Hoy nuestro compromiso es garantizar junto a las indelegables responsabilidades del Estado, más participación social, en este caso de toda la comunidad educativa. Y el lugar de participación de las familias y la comunidad por excelencia es el de las cooperadoras escolares.
El presente proyecto permite fortalecer el propósito de Ley de Educación Nacional, Nro. 26.206, en el sentido de Asegurar la participación democrática de docentes, familias y estudiantes en las instituciones educativas de todos los niveles. (Titulo I, Capitulo II, sobre los Fines y objetivos de la política educativa nacional), y Promover la participación de la comunidad a través de la cooperación escolar en todos los establecimientos educativos de gestión estatal (Titulo X, Capítulo V sobre La institución educativa), así como también Participar en las actividades de los establecimientos educativos en forma individual o a través de las cooperadoras escolares y los órganos colegiados representativos, en el marco del proyecto educativo institucional (Capítulo VII sobre Derechos y deberes de los padres, madres, tutores/as:).
El desafío es, entonces, reconstruir la cultura de la participación de las familias en la escuela y crear, desde la escuela, mecanismos y estrategias que inviten a los padres y madres a integrarse a la comunidad educativa. Por un lado, porque consideramos que la participación de toda la comunidad educativa enriquece a la escuela. Por el otro, porque cuando los adultos se preocupan por la educación de sus hijos, contribuyen a la trasmisión en acto del valor de la educación.
A modo de conclusión, a partir del nuevo contexto nacional de recomposición del rol del Estado se vuelve indispensable relanzar el andamiaje institucional de las asociaciones cooperadas a partir de ejes convocantes para la participación de la comunidad escolar. Esto será posible retomando lo mejor de su experiencia. La construcción de un marco normativo que las contenga y, al mismo tiempo, fortalezca su institucionalización, constituye un paso fundamental.
En el convencimiento que los integrantes de esta Honorable Cámara compartirán lo expuesto, solicito la aprobación del presente.
Daniel F. Filmus. -
