Tucumán

- Sólo el 14% de los padres paga cooperadora

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En Tucumán sólo el 14% de los padres paga cooperadora
La provincia ocupa el último lugar en el ranking del aporte escolar.
Recaudación compulsiva. Las entidaes tenían originalmente la función de lograr la equidad social entre los alumnos. Hoy mantienen los edificios y compran hasta lavandina y tizas.
Los tucumanos son los más proclives en el país a no pagar la cuota de la cooperadora escolar, según indica un informe del Centro de Información de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). El estudio, realizado en julio de 2004, da cuenta de que en Tucumán sólo el 14% de los papás de alumnos de EGB (ex primaria) colabora con dinero en las escuelas públicas; en contraste con los padres de Jujuy, que figuran en primer lugar, con el 32%. Le siguen Santiago del Estero (27%); La Pampa (23%); Entre Ríos (22%); Tierra del Fuego (21%) y Córdoba (21%). Esta última se destaca, pues es la jurisdicción que aporta el mayor monto promedio de colaboración: $ 7,50. En tanto, el promedio de colaboración de Tucumán es de apenas $ 2,85.
A pesar de lo que expresan estas cifras, no puede desconocerse que muchas cooperadoras tucumanas sostienen las escuelas desde hace por lo menos dos décadas. Y si bien antes su función era la de anular la desigualdad social asistiendo a los niños con delantales, zapatos, útiles escolares y transporte, hoy su objetivo es el mantenimiento del edificio escolar, la reparación de baños, la ampliación de aulas, la provisión de computadoras y hasta el pago a los docentes de los que el Gobierno no se hace cargo, por ejemplo en actividades extraprogramáticas o en computación.
Reemplazan al Estado
Con los años, las escuelas secundarias y de EGB3 se convirtieron en entes de recaudación compulsiva, dada la poca colaboración voluntaria de los padres. Lejos de su principio de ser una herramienta de equiparación social, las asociaciones de padres recaudan y trabajan para reemplazar la función del Estado, que es el que debe sostener la educación pública, según explicaron Josefina Ferrer y Eduardo Carrizo de la Comisión de Padres de Alumnos.
Diferente es la versión que dio el director de Recursos Administrativos de la Secretaría de Educación, Humberto D?Elía. El funcionario aseguró a LA GACETA que no hace falta que los padres paguen la cooperadora. ?El Gobierno se hace cargo de todo lo que necesitan las escuelas?, aseveró. A pesar de esta afirmación, directoras de escuelas y padres coinciden en que, actualmente, las cooperadoras se encargan hasta de comprar lavandina para la limpieza de sanitarios; tizas y borradores. Carrizo y Ferrer insisten en que el Gobierno no cumple cabalmente con su función. No obstante, también advirtieron la necesidad de que las cooperadoras se organicen con personería jurídica y responsabilidad penal para mostrar transparencia en sus actos ?y no dejarse manejar por los intereses y caprichos de los directores de las escuelas?.

Denuncias y sumarios por irregularidades
?En muchos casos, los padres no colaboran porque no tienen seguridad respecto de adónde van los fondos. Ven ventanas rotas, aulas sin ventilación, baños insalubres, pupitres viejos, lo que genera incertidumbre?, dijo Josefina Ferrer, de la Comisión de Padres de Alumnos (CPA). ?Son cooperadoras ricas -recaudan entre $ 50.000 y $ 120.000 anuales- en escuelas pobres?, señaló. Un caso particular es el Colegio Nacional. Hasta el año pasado, tenía una cooperadora que nunca había rendido cuentas de la administración de los fondos ni había sacado personería jurídica. Recaudaba más de $ 50.000 por año. La CPA denunció que en ese colegio se cobraba compulsivamente $ 100 para inscribir a los chicos. ?Al que no pagaba por lo menos el 50% no lo inscribían?, dijo Ferrer. Ya en 2003, la ex ministra de Educación Olga Morales había intimado al rector, Ismael Rahman, a llamar a elecciones, pero no lo consiguió. El año pasado, ningún alumno tenía seguro escolar. ?El presidente de la cooperadora desapareció con $ 20.000?, dijo Rahman a LA GACETA. Sin embargo, admitió que no se hizo la denuncia policial correspondiente.
El director de Recursos Administrativos de la Secretaría de Educación, Humberto D?Elía, señaló que existe un sumario administrativo en relación con el caso.
 

Fuente : La Gaceta

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