Denuncian y cuestionan el Modelo de administración de los recursos para mantenimiento

Mientras tanto, la comunidad de padres -a través de las  Asociaciones Cooperadoras- no saben de dónde saldrá la plata para pagar la limpieza semestral de tanques de agua, la desinfección de las aulas, la recarga y reemplazo de matafuegos, la provisión de tubos de luz, la compra de artículos de limpieza y de escritorio para el normal desenvolvimiento administrativo en los colegios, y las urgencias en pequeños arreglos de electricidad, plomería o cerrajería, por citar algunos ejemplos.
Todas estas erogaciones se financiaban con un subsidio de Mantenimiento, que en cuatro cuotas anuales, depositaba el Ministerio de Educación en las cuentas bancarias de las Cooperadoras Escolares.
Como se dijo, el Gobierno dispuso que estos fondos -que representaban cerca de 10 millones de pesos por año- dejaran de otorgarse a las escuelas. También suprimió otro subsidio de similar monto, denominado CO.DI.CO., mediante el cual podían realizar refacciones de baja a mediana envergadura pero necesarias, que aseguren las mínimas condiciones para el dictado de clases.
Las llamadas obras mayores las realizaba esa Dirección de Infraestructura, con muchas falencias, demoras y sobreprecios. Esa misma dependencia es la que administra actualmente, sin los controles adecuados, los 450 millones que le adjudicó la Legislatura a fines del año pasado.
En los últimos días de Diciembre, representantes de Cooperadoras de las distintas zonas de la Ciudad (Delegados Distritales) iniciamos un expediente pidiendo la intervención de la Defensoría del Pueblo ante este brusco recorte de recursos.
Los Delegados Distritales expresamos nuestra disconformidad con el mecanismo discrecional para disponer de esos fondos extraordinarios, además de señalar que mediante los subsidios CO.DI.CO.  se aseguraba la participación democrática de los representantes de la comunidad de padres en la administración de esa pequeña porción del presupuesto de Educación, primero en la adjudicación de los recursos presupuestarios a las escuelas que más lo necesitaban, luego monitoreando el proceso licitatorio, más tarde, eligiendo al contratista más conveniente -por referencias y costos- y finalmente supervisando, junto a funcionarios del GCBA, la correcta realización de la obra.
También reclamamos que se complete la ejecución de las cuotas CO.DI.CO. asignadas durante 2007, ya que el Ministerio de Educación paralizó el proceso de las obras. Otro contrasentido, en un escenario de Emergencia Edilicia.
Una vez más vemos cómo los gobernantes avanzan con anuncios grandilocuentes, adelantando rápidas soluciones en forma mediática, y retroceden abruptamente en la realización concreta, y en la supresión de mecanismos democráticos, participativos y transparentes, para la administración de parte del erario público.