La Justicia ordenó realizar Obras Urgentes en el Normal 1

Por Alejandra Lazo

El Juzgado 2 en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar parcialmente a un amparo presentado por Elena Aparicio, Laura Castagnino y Julio Alonso con el objeto de hacer cumplir al Gobierno de la Ciudad "sus deberes legales de aseo, conservación, higiene y recolección de residuos de la vía pública, y ejerza su poder policía respecto de infracciones de tránsito y contravenciones".
Los demandantes relataron que sus hijos son alumnos de la Escuela Superior en Lenguas Vivas Normal 1, Presidente Roque Saenz Peña, y cuestionan la forma en que se recolectan los residuos en la entrada del jardín de infantes, sita en Riobamba y Paraguay. Manifestaron que desde fines del año 2002, la empresa CLIBA, encargada de la limpieza de las veredas, dejó de efectuar dicha tarea y desde ese momento las cuatro aceras que circundan el colegio se poblaron con gran cantidad de basura entre la que se encuentran roedores muertos, vidrios rotos, materiales oxidados, a lo que deben sumarse desperdicios orgánicos.
Además, sostienen que desde el año 2000 la manzana es visitada por "recuperadores de residuos reciclables", quienes estacionan los camiones de transporte en la calle Paraguay entre Ayacucho y Riobamba justo frente al acceso al nivel primario del Normal 1 utilizando sus escaleras de ingreso como tribuna donde sentarse, donde comer y donde "faenar" parte de los residuos recolectados.
En una primera instancia, la Justicia ordenó al Gobierno de la Ciudad la limpieza del establecimiento y sus inmediaciones. Asimismo, debía desratizar, desinfectar el lugar y realizar un relevamiento de las instalaciones eléctricas, de gas y sanitarias (inclusive cloacales) de los establecimientos educativos. También se le requirió a la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina que llevara a cabo un relevamiento de los sistemas de prevención y lucha contra incendios y evalúe los riesgos derivados del estado actual de las instalaciones eléctricas y de gas.
El 6 de abril pasado, el asesor Tutelar de Menores, Gustavo Moreno, denunció una serie de irregularidades edilicias en el Jardín de Infantes, lo que motivó un nuevo reconocimiento judicial. A raíz del informe preliminar efectuado por Bomberos se dispuso la clausura preventiva inmediata del Jardín, además de ordenarse diferentes medidas tendientes a asegurar la continuidad de la prestación del servicio educativo y a informar sobre las obras a realizarse.
Nuevamente, el 2 de mayo de 2005, Moreno reveló la existencia de un conflicto estudiantil, originado en la presunta existencia de roedores dentro del establecimiento, y la falta de higiene en el mismo. Ello motivó que se ordenara otro reconocimiento judicial, tres días después. En atención a las irregularidades observadas, a pedido del Ministerio Público Tutelar, entre otras medidas se designó a como interventora informante a Leticia Lamberto, cuyo informe final no observado por las partes.
Según el último fallo de la Justicia "las irregularidades atinentes a la infraestructura y a la falta de seguridad edilicia suponen una omisión de carácter administrativo en el control, mantenimiento y mejora del edificio que alberga tres establecimientos escolares públicos".
En ese sentido, el Juzgado 2 en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad ordenó "al Gobierno porteño que, dentro de 20 días, presente un programa integral de ejecución de las obras, donde se especifique forma de contratación, cronograma de trabajos, plazos de ejecución, teniendo en cuenta los informes técnicos periciales de la Superintendencia Federal de Bomberos".
Además, el Ejecutivo debe garantizar -ya sea a través de una empresa concesionaria o de personal del propio Gobierno- la limpieza de las veredas que comprende el predio de las calles Riobamba, Paraguay; Ayacucho, y Avenida Córdoba; y arbitrar las medidas necesarias a efectos de que el personal de los establecimientos educativos ubicados en la manzana aludida, procedan a realizar la limpieza de todo el edificio en debida forma, asegurando un adecuado control de dichas tareas y del suministro de los materiales de aseo.
Asimismo, el Gobierno debe, a través de la Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares, inspeccionar semanalmente los servicios brindados a los establecimientos escolares del edificio en cuestión, con respecto a la higiene y suministro de alimentos, debiendo remitir mensualmente copias de las actas labradas al Juzgado por el término de seis meses.
Por último, en el término de 60 días de quedar firme la sentencia, la Secretaría de Educación deberá elaborar un programa destinado a efectivizarse por profesionales idóneos, vinculado a las problemáticas de convivencia que resulten concausa del deterioro de las instalaciones de los establecimientos escolares ubicados en el edificio en cuestión. En caso de existir ya un programa, la Secretaría de Educación deberá revisar el contenido del programa existente, como también la ejecución del mismo, debiendo informar al Juzgado en el mismo plazo.

Fuente: Noticias Urbanas